El saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan.
Arthur Graf
Empieza
una semana complicada. Por aquí la cosa pinta mal. Estoy segura de que no me equivoco si digo, aun
sin conocer el contenido de la Sentencia de “El procés”, que vamos a escucharla
de todos los colores, como de hecho ya está ocurriendo cuando ni se ha publicado. Y oiremos a los voceros, a los vecinos, a los políticos, y a los cuñados, hablar de la Sentencia sin que la gran mayoría de los que van a opinar se la lean jamás. El contenido de lo que se ha juzgado, el resultado probatorio, la consecuente aplicación del Derecho penal, y las
condenas que salgan será el resultado de la búsqueda de la verdad que, en ningún caso, será absoluta. Pero hoy, a una cuantas horas de que se publique la resolución, lo desconocemos todo sobre ella. Todo lo que aparece en los medios, en los corrillos de los bares, incluso de las concentraciones independentistas, es mera especulación.
La Sentencia saldrá a no mucho tardar, y la vida de
los catalanes, la de los no nacionalistas se complicará mucho. Pero esta resolución es necesaria, sea la que sea, para que todo el mundo tenga claro nadie
está por encima de la ley; que sin leyes no hay libertad, y que todos, absolutamente
todos, debemos someternos a ellas, incluso cuando no nos gusta. El derecho a recurrir, a discrepar, a criticar y a buscar los consensos necesarios para las
modificaciones que se consideren convenientes, son un privilegio que nos otorga nuestro ordenamiento. Actuar bajo el paraguas de una legalidad que nos ampara a todos es una obligación y una necesidad. No de otra manera puede ser en democracia.
En Cataluña hace mucho
tiempo que se vive en una encrucijada violentada por los que se creen por encima de los derechos de los demás. Porque la violencia no solo proviene de los golpes, del insulto permanente, viene también de todas esas actitudes que discriminan, que perturban y que impiden que el que piensa diferente sea ninguneado, relegado.
El independentismo catalán es profundamente antidemocráctico y falsario, y lo que viene ocurriendo en el Parlament de Cataluña en los últimos años es una muestra más que evidente.
El independentismo secesionista busca, en esencia, la muerte civil de los que no comparten sus postulados. Ésta es una realidad
incómoda que no siempre se percibe por el que no vive a pie de calle. Una realidad con la que juegan los políticos, que se lo miran de lejos, para conseguir sus réditos. Pero es así. La muerte
civil de los ciudadanos que se enfrentan al poder nacionalista es una realidad.
El tiempo de la justicia, en palabras mayores, ya ha llegado. Ahora, a punto de
iniciar una nueva campaña electoral, falta que se haga política de altura, que no se
mercadee con los ciudadanos que con paciencia han tenido que soportar que sus dirigentes les ignoren, les llamen colonos, los insulten a diario y, en el peor de los casos, les obliguen, indirectamente, a tener que marchar.
Vienen
días complicados, días de barbaridades dichas con el altavoz constante de la redes sociales que intoxican. Barbaridades escritas al socaire de una situación insostenible en la que una parte de la población de una comunidad, no mayoritaria (pese a lo que digan), y sus dirigentes, van
a intentar imponer su voluntad por encima del Estado de Derecho y eso, por pura
responsabilidad, por puro espíritu democrático, no nos lo podemos permitir.
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