Una de las pocas cosas que la crisis no ha conseguido evitar es que por las mañanas, antes de entrar a trabajar, quede con algún conocido de la profesión para tomar un café y poner a caldo al gabinete del Gobierno en pleno. Esta semana, que la gente funciona a medio gas, han sido varios los días que ese café lo he tomado renegando, en silencio, contra las burradas del Ministro de Justicia.
No es ningún misterio hablar del deficiente estado de nuestra “Justicia”. Pero la deficiencia, contrariamente a lo que el Ministro cree, no radica en si los Jueces y Magistrados de este país tienen muchos o pocos días de asuntos propios, o si los miembros del Consejo General del Poder Judicial se escogen entre unos u otros (bueno, eso sí puede ser un problema cuando la política prima sobre la formación técnico-jurídcia de los miembros del Consejo), tampoco es cierto que el problema de nuestro sistema sea la alta litigiosidad. El Ministro pretende hacernos creer que somos un país peleón y marrullero que cuando no tienen nada que hacer se calza un procedimiento judicial a ver que pasa.
Esto es lo que el Ministro, con toda su poca vergüenza de Fiscal en excedencia que no ha trabajado en Justicia más que para fichar durante el escaso tiempo que pasó por la Fiscalía, intenta hacer creer al ciudadano de a pie, provocando con ello un profundo mal a la ya tan denostada Justicia.
El problema de la Justicia en España es otro muy distinto. Hablar de la falta de medios, a estas alturas, es casi ridículo, es así desde el inicio de los tiempos y ahora, en plena recesión económica, no va a ser distinto (el pillaje para conseguir folios de papel de oficio con los que imprimir los mandamientos judiciales no es una quimera, sino una realidad diaria, por poner un ejemplo). Tenemos la ratio de jueces por habitante más baja, no sólo de Europa, sino de la práctica totalidad de los países occidentales. El 30% de los Jueces y Magistrados de este país, hasta la aprobación de la nueva reforma judicial esta pasada semana, eran sustitutos, algunos de ellos con más de 20 años de ejercicio jurisdiccional (a partir de ahora, la práctica totalidad de Jueces y Magistrados sustitutos pasarán a engrosar las listas del paro, sin posibilidad de reciclaje dentro de lo que saben hacer: impartir justicia). La existencia de distintas administraciones gestionando la oficina judicial (las comunidades autónomas tienen su competencia sobre el personal del Juzgado y el Estado sobre los Jueces y Secretarios), la convierten en un tira y afloja constante; y podríamos seguir hablando de una mala gestión del sistema de "justicia gratuita", y llenar mil folios con todo lo que suponen palos a las ruedas del ejercicio jurisdiccional.
Pero el Ministro, que cree que el ciudadano es idiota, además de protestón, no sólo mete la patada en mitad de la boca de los Jueces y Magistrados, con una involución total del sistema; sino que pretende acabar con los males de la Justicia con la implantación de un sistema absolutamente recaudatorio que imposibilita el acceso a la justicia de la mayoría de ciudadanos. Las malditas tasas.
La Constitución Española del año 1978 estableció como Derecho Fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, lo que se traduce en que los hombres y mujeres que de este país puedan acceder a las instancias judiciales y obtener un pronunciamiento judicial respecto de sus pretensiones.
Establecer un sistema en el que para acceder a una resolución judicial, un ciudadano tenga que desembolsar unas tasas que pueden alcanzar incluso los 1.200 Euros en caso de determinados casos, en un país en el que el salario mínimo interprofesional está en 645,30 Euros; un país en el que una persona con unos ingresos que supongan el doble del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples, cifrado en 532,51 Euros), no tiene derecho a la justicia gratuita, equivale a vetarle el acceso a los Tribunales en busca de una solución a sus problemas.
Nadie pleitea por pleitear, a nadie le agrada tener que exponer sus cuitas ante un tercero, por eso, y porque conozco de lo que hablo, pongo en duda que este sea un país de litigantes exacerbados que necesiten ser coartados económicamente para que dejen de pleitear.
En este momento, a los problemas de la justicia se le suma un mal mayor, su propio Ministro, Sr. Ruiz Gallardón.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
