Alguien debió contarles que
gobernar era fácil. Que sacar una Ley es solo cuestión de escribir sobre el
papel lo que a una le pasa por la cabeza como si fuera una idea espectacular, sin necesidad de tener en cuenta que el papel no lo sostiene todo, aunque a veces lo
parezca, sin pensar que la soberbia suele ser mala compañera de viaje.
El sistema legislativo de un Estado es un microcosmos en el que las
normas deben encajar unas con otras como en el engranaje de un reloj. La
Constitución como vértice desde el que se van expandiendo las leyes, los decretos, en definitiva, cualquier tipo de normativa que regula la vida de los ciudadanos. Pero los
políticos desprecian la necesidad de someter sus consideraciones a la
existencia de principios legales y constitucionales que no pueden esquivar, y prefieren pensar que su ordeno y mando todo lo puede. Prefieren ignorar que la creación de normas eficientes y eficaces precisa de una buena técnica legislativa. Una ley no
es una isla sin más limite que el mar que la circunda. Legislar es difícil,
mucho. Requiere de un amplio conocimiento de la materia sobre la que se
pretende tratar, de todas aquellas otras con las que se van a interrelacionar, y realizar un un profundo análisis de las consecuencias que dicha
norma puede conllevar.
La Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la llamada del "solo sí es
sí", es un buñuelo legislativo de cuyas nefastas consecuencias, y perjuicio a las víctimas, ya venían
advirtiendo los distintos operadores jurídicos. Su entrada en vigor está
suponiendo la revisión a la baja de las condenas de delincuentes sexuales por
la aplicación retroactiva de la norma más beneficiosa para el reo. Este
principio, que no es nuevo, ni se lo ha inventado una componenda de jueces marichulos amamantados bajo la teta de una sociedad patriarcal a los que ahora señala el Gobierno, se encuentra recogido
en la Constitución del año 1978 y en el propio Código Penal que nuestros
gobernantes parecen ignorar.
Los políticos que ahora atacan al sistema, a sus jueces, abogados y fiscales que intervienen en los procedimientos que se juzgan o han juzgado delitos sexuales, llamándoles machistas, retrógrados, etc., para con estos
insultos desmedidos intentar cubrir su negligente legislar, su ignorancia y la
arrogancia del que se cree mejor que otro, es una vergüenza por la que los ciudadanos nos vemos obligados a pasar. Pero cada vez engañan a menos personas. La pompa con la que se aprobó la
ley queda enterrada en el lodazal de su mala gestión. El resultado de la directa aplicación de una norma interesada e innecesaria es un auténtico desastre. Pero nuestros políticos son tozudos, estúpidos,
carentes de todo moral y de voluntad de servicio. Calientan la silla y la
cuenta corriente porque fuera del escaño hay que trabajar duro para ganarse el
pan. Y es por eso que, tras la calamidad que ellos solos han cocinado, echan el
resto arremetiendo contra el poder judicial que se ve obligado a aplicar de
manera estricta las normas que ellos crean.
El papelón de la Ministra de Igualdad
es tremendo. Sin embargo, y pese a la nefasta gestión de esta señora, no debemos olvidar que la Ley no la aprobó ella sola. El pastiche legal
que tiene en danza es responsabilidad de muchos que ahora callan o bajan la voz mientras miran a otro lado. La
responsabilidad, como no puede ser de otra manera, también recae sobre todos
aquellos que contando con cientos de asesores y medios, miraron a otro lado,
dejaron de presentar las correspondientes enmiendas, e hicieron oídos sordos a
los informes y dictámenes que avisaban de cuáles serían las perniciosas
consecuencias que la ley tendría.
Pero los vendedores de humo, los estómagos
agradecidos que ocupan los escaños de nuestro Parlamento y los miembros del
Gobierno consintieron y jalearon una norma nefasta y, como he dicho, totalmente innecesaria.
Durante meses se creó la ficción de
un país en el que la libertad sexual no existía. Un país en el que el sexo inconsentido
no era delito. Una mentira tras otra espoleada por el sesgo ideológico que se
aleja de la realidad de nuestra sociedad. Los delitos contra la libertad sexual
existían, estaban castigados y la falta de consentimiento, incluso en los casos
de inexistencia de violencia físico o psíquica, ya estaban castigados mientras se afirmaba lo contrario, confundiendo a la ciudadanía.
Ahora toca intentar salvar los trastos responsabilizando a quienes lo aplican porque es su obligación. Un insultar y señalar continuo sin mayor razón que su propia incompetencia. Al poder judicial le viene tocando recibir desde hace mucho. La deslealtad institucional se ha instalado en la Moncloa y en el Congreso de los Diputados. Injurian a los operadores jurídicos que trabajan con las normas que ellos crean y ofenden a la ciudadanía con sus embrollos y deslealtad. Machista, dicen. La justicia es machista, sus miembros son machistas, todos y todas somos machistas menos ellos.
Y mientras la boca se les llena del veneno de sus discursos caducos y feos, olvidan que la mayoría de los miembros que componen la Carrera
Judicial, los Colegios de Abogados, y la Fiscalía son mujeres que se levantan
cada día escuchando como se las insulta para tapar su manifiesta incompetencia. Sobra decir que, pese al desastre, aquí no va a dimitir ni el tato, ni la tata y tampoco el tate.
