La separación de poderes es uno de los pilares que parece que el Gobierno quiere derribar. No es una impresión mía sino la de muchos ciudadanos que día a día observamos, desde la impaciencia y la desazón, como sistemáticamente se ataca al poder legislativo, cercenando las facultades de la cámara parlamentaria en la elaboración de normas. Legislar a golpe de Decreto Ley es una anormalidad que no debería producirse, lo mismo que no debe incluirse en una Ley sobre infancia las prerrogativas que benefician a los presos de ETA, por poner un ejemplo. Pero no sólo el poder legislativo sufre el desprecio de un ejecutivo fragmentado que es capaz de mentir hasta el infinito con tal de mantenerse en un poder que solo gestiona para su propia supervivencia.
El poder judicial sufre de una manera brutal y constante el cuestionamiento
y ataque por parte de los miembros del Gobierno que ponen en tela de juicio las
decisiones adoptadas en aplicación de la Ley. Esta semana tenemos dos ejemplos
claros. El anuncio del indulto gubernamental de los políticos catalanes que están presos por
intentar poner en jaque el orden constitucional y, por otro lado, las
declaraciones de la Ministra de Igualdad ante el llamamiento del Juzgado para
que Juana Rivas cumpla la condena por la sustracción de sus hijos que ha sido dictada y ratificada judicialmente. Andamos en
manos de necios, de personajes anclados a la vida política que difícilmente
pueden sobrevivir fuera del amparo la vida pública. Son personajes siniestros, con poco bagaje democrático y faltos de conocimientos jurídicos que son
incapaces de calibrar, a largo plazo, las consecuencias de su falta de escrúpulos
a la hora de dirigir y gestionar un país. Los indultos deben desaparecer de la
legislación. Las declaraciones de ministras incultas, mendaces y faltas de toda
formación, también. Nos esperan malos tiempos. Tiempos de políticos
que creen que la impunidad es consustancial a los puestos que ocupan. Pero se
equivocan, sus actuaciones tendrán respuesta en las urnas y en los Tribunales. Los ciudadanos no son idiotas y saben reconocer cuando se les toma el pelo, se les miente y se les ningunea. Y el poder judicial, vapuleado por oscuros intereses partidistas, seguirá en pie, aplicando la Ley
porque esa es su obligación, aunque con ello le salga un sarpullido a más de uno
de los que hoy, sin vergüenza ni rubor, ocupa butaca y acarrea cartera de cuero.
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