martes, 3 de abril de 2012

DE LA AMNISTIA FISCAL A LA OBJECIÓN FISCAL

Estoy que trino, y no porque la primavera ya esté aquí, sino porque no me cabe en la cabeza que ningún gobierno del mundo, en un país sumido en la crisis, en el que el groso de sus ciudadanos soporta una presión fiscal brutal, anuncie como una medida necesaria, como un mal menor, una amnistía fiscal.

Tengo grandes dudas no solo legales, que las tengo todas, sobre la virtualidad de una medida como la acordada, sino incluso morales. No puede en modo alguno premiarse a quien, gracias al dinero que maneja, puede sustrae al resto de sus ciudadanos un dinero que va dirigido a sostener el estado del bienestar, a que tengamos una sanidad en condiciones, una enseñanza pública de calidad, unas prestaciones sociales que ayuden a sobrellevar los golpes de la vida, etc. Y es inmoral porque el sacrificio de soportar una carga fiscal de casi el 40%, en la mayoría de economías domésticas, no es sencillo en los tiempos que corren. 

Se ha demostrado que este tipo de medidas, además de impopulares e injustas para con la mayoría, no hacen aflorar nada. Defraudar es incívico y perdonar a los que defraudan  lo es mucho más. 
Salvaguardar a los delincuentes que amasan grandes fortunas a costa de los que menos pueden, haciendo que afloren su dinero escondido, negro y opaco, gravándolo con un 10% (un tipo sustancialmente inferior al que cualquier trabajador tributa por sus rendimientos del trabajo), se llama “blanqueo de capitales”. Sí y se llama así porque en esa voracidad estatal por obtener ingresos a cualquier modo, el Estado no preguntará por el origen de ese dinero opaco casi siempre proviniente de actividades poco lícitas.

Defraudar fiscalmente tiene dos vertientes, una administrativa y otra penal, y ambas, hasta ayer que yo sepa, tenía consecuencias nada gratas para el infractor.

Si  la memoria no me traiciona, creo poder afirmar que el Código Penal castiga, con pena privativa de libertad y multa del tanto al séxtupo de la cuantía defraudada, a quien defraude a la hacienda pública eludiendo el pago de impuestos o de cantidades retenidas; u obtenga indebidamente devoluciones o beneficios fiscales del mismo modo, siempre que la cuota de lo defraudado, de lo no ingresado por retenciones, devoluciones, o beneficios fiscales supere los ciento veinte mil Euros. Si tampoco recuerdo mal, el propio código recoge una exención de responsabilidad penal si el delincuente, que lo es, regulariza su situación antes de que se inicien determinadas actuaciones.
Cuando la cantidad es inferior a la señalada, esa defraudación es sancionada administrativamente, con la sanción económica correspondiente, el pago de la cantidad defraudada más con sus intereses.

Por eso no me cabe en la cabeza que el Gobierno, mientras nos estruja como una naranja, piense en amnistiar a nadie. Y no me cabe porque sé que, en lugar de eso, lo que debería hacer es mejorar sus sistemas de inspección fiscal, dejar de atosigar al pobre mileurista que sobrevive como puede. 

La existencia de la enorme bolsa de fraude fiscal que el Estado presume implica la negación y la inoperatividad del control ejercido por los agentes tributarios. En eso es en lo que deberían pensar y en firmar Acuerdos Internacionales, Tratados, o lo que consideren oportuno, para evitar la evasión de capitales. Pero claro, eso implica el reconocimiento del desastre del sistema de inspección fiscal, de la Oficina Antifraude y todas esas martingalas con las que se ahoga al pequeño contribuyente y nada se hace contra el delincuente fiscal.

Estoy dando vueltas sinceramente a preparar mi “objeción fiscal”, hace días que estoy en ello porque, como he dicho en otras ocasiones, yo quiero pagar impuestos para que los servicios funcionen, pero quiero que los paguen todos, y que eso sea en proporción a los ingresos y rentas que recibe cada uno. Si todos nos ponemos de acuerdo, si dejamos que nuestros impuestos descansen en cuentas públicas sin entregarlas al Estado hasta que el Ejecutivo retire su propuesta de amnistía fiscal, creo que tal vez algo se conseguiría.

Somos ciudadanos, clase media y clase baja, con ingresos controlados, pero no somos idiotas.