martes, 23 de noviembre de 2010

DEL REPARTO DE MISERIA

 

Llevo un par de días escuchando frases grandilocuentes sobre el funcionamiento teórico de la Justicia de Familia, sobre los criterios doctrinales para la resolución de cuestiones tan fundamentales como es la vida de las personas y la resolución de sus conflictos familiares. Oigo hablar del principio del interés superior del menor, de la necesidad de conciliar voluntades encontradas, de la necesidad de escuchar, de los criterios de proporcionalidad a la hora de fijar prestaciones económicas en favor de uno u otro, y sobre la obligación de impartir justicia. Escucho perpleja.
Me parece estar asistiendo a una reunión de buenas voluntades, todas alejadas de la realidad con la que nos encontramos día a día. Y mi perplejidad no proviene de los mensajes que se lanzan que, porque no decirlo, son geniales, sino de las personas de quienes provienen y del entusiasmo alegórico con el que lo hacen, hablando de supuestos de laboratorio a cual más alejado de la realidad del ciudadano de a pie.
Soy muy crítica con el funcionamiento de  los procedimientos de familia, con la manera de trabajar de sus operadores y, sobre todo, con las decisiones judiciales y con quienes las dictan. Quizá, en algunas de mis apreciaciones sea injusta pero creo que las cuestiones que se manejan en las rupturas de pareja no son tratadas, en muchas ocasiones, con el rigor que precisan.
No nos engañemos. En la gran mayoría de casos, el factor principal de confrontación no son los niños, ni cómo regular con quien van a convivir y cómo se van a relacionar con aquel progenitor con el que no convivirán El detonante de la crispación, del desencuentro (una vez apartado, haciendo esfuerzos titánicos, el tema emocional), son las cuestiones económicas. Y es lógico, todos necesitamos saber con qué contamos y no tener la angustia de saber que no llegamos a fin de mes. Cuando el dinero corre a espuertas y las partes tienen capacidad económica para funcionar cada uno por su lado, el conflicto (salvo excepciones) se minimiza y la discusión se centra en si nos repartimos chicquientos mil euros o no. En estos casos, la cuestión de los hijos queda en un segundo plano aunque, para lavarse la cara, las partes lo esgriman de vez en cuando. Pero estos casos, son los menos. La economía familiar de este país, al menos en este momento, no da para muchas alegrías.
Pero tenemos una ley ventajista que más que solventar el conflicto lo reaviva. Y digo que es ventajista porque aplica con automatismos, a veces casi exasperantes, el tándem niño, casa, pensión. La justificación malintencionada, casi siempre, para entrar a cuchillo y conseguir esta aplicación automática, no es otra que “el superior interés del menor”. Este principio se ha convertido en un cajón de sastre y lo hemos retorcido hasta no dejarle una gota para, mal que nos pese reconocerlo, llegar a finalidades distintas a las argumentadas, cuando de lo que en realidad se está hablando es del “no sin mi pensión” o del  “ni un duro para el otro”.

Estamos viviendo momentos de fuertes cambios en el Derecho de Familia. La coyuntura económica no es ajena a esta evolución. Las familias corrientes, esas que hacen encajes de bolillos para llegar a todo, las que viven con dos nóminas que apenas superan los 1000 Euros al mes (en el mejor de los casos), que tienen un hipoteca de un importe medio de 800 Euros (toquen madera para que se mantengan los tipos de interés), un préstamo personal (las últimas vacaciones, las visas aplazadas o el cambio de coche) y un par de hijos en su haber, se encuentran con un verdadero calvario cuando quieren regular los efectos de su ruptura. Y ahí, en estos casos, es cuando todo se pudre. Todos queremos el ventajismo de la ley y sacamos lo peor de cada uno para demostrar que somos el que mejor se ocupara de los niños y que ese que estuvo a nuestro lado (da igual que sea ella o él) es un completo inútil e irresponsable que llevará a los niños a un drama escrito de antemano (dejará que se abran la crisma en el parque, comerán lo peor del mercado, no tendrán horarios de sueño, etc.), todo ello con la única finalidad que se les atribuya la custodia de unos hijos que, como digo, les reportará el uso del domicilio familiar (siempre sale más económico abonar la mitad de la cuota hipotecaria que buscar una vivienda nueva en arriendo), el reconocimiento de una pensión alimenticia (siempre es mejor recibir que dar) y la malentendida sensación de que se ha ganado en el desastroso procedimiento.
Debemos hacer una reflexión sobre como encarar estos procedimientos, sobre separar cada una de las cuestiones de las que se tratan en él, desligar las cuestiones económicas de las realmente importantes, los hijos. Estos niños tienen que sufrir en la menor medida posible las consecuencias de las rupturas sentimentales y patrimoniales de sus padres.
Mientras no tomemos consciencia de todo ello y tengamos muy presente que la vida de nadie se solventa a golpe de resoluciones automáticas, la sociedad digerirá mal, muy mal, sus rupturas familiares. Mientras tanto, sólo estaremos moviendo miseria, y la miseria, desde siempre ha sido muy difícil de repartir.