Que en este país se legisla a golpe de prensa no es una novedad. Que estamos en una época convulsa social, política y económicamente hablando, tampoco lo es. Que en este país se nombra a Ministros, Directores Generales, Jefes de negociado, etc. recompensando la fidelidad al amo, pues tampoco. El ejemplo que pone de manifiesto todo ello es el caso de Leire Pajín. ¿Alguien podría explicarme que méritos tiene la buena señora para estar donde está, ocupar las carteras ministeriales que ocupa, salvo una defensa a ultranza de la mano que le da de comer?
Pues bien, la Ministra en cuestión nos anunció que van a modificar la Ley (no nos dicen cual) para que cuando exista un procedimiento abierto por delito de maltrato, SIN QUE EXISTA UNA SENTENCIA FIRME, el Juez pueda acordar la retirada de la custodia de los hijos al “PRESUNTO” (no olvidemos que no hay Sentencia firme), maltratador.
Miedo me dan estas iniciativas legislativas que vulneran lo que tantos años se ha tardado en conseguir en este país, la supremacía del principio y derecho fundamental a la presunción de inocencia. Aquello tan retórico de que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
Bonito, pero garantista. Imagínense por un momento que son ustedes los acusados de unos hechos que no han cometido, o que los hechos no son como la otra parte relata y que alguien me diga dónde está la gracia en que a uno, por la denuncia de otro, esté en el ojo del huracán y con el estigma de culpable antes de poder defenderse. Todos podemos recibir una denuncia de cualquier tipo, por cualquier hecho. ¿Por qué vale más la palabra del que denuncia unos hechos que la del que se debe defender de esa acusación? Vayan pensando y colóquense en el lado oscuro, aunque sólo sea a efectos dialécticos. Luego reflexionen sobre si querrían ser tratados como “presuntos inocentes” o como “presuntos culpables”.
Miedo me dan estas reformas. Pero más miedo me da una Ministra (que no saber pronunciar la palabra cónyuge) cuando, sin sonrojo alguno, hace gala de una ignorancia absoluta del contenido de las normas actualmente existentes en materia de defensa del interés de los menores y decide intervenir a cuchillo.
Actualmente, sin la reforma inconstitucional que quiere promover la Sra. Pajín, ya se regula la intervención judicial en defensa del superior interés del menor cuando, a criterio del Juzgador que conozca de un asunto (penal o civil), deban adoptarse medidas que le protejan . Dentro de esa intervención se encuentra no sólo la retirada de la custodia, sino la posible privación provisional, incluso definitiva, de la patria potestad sobre los hijos.
Aunque no lo parezca y la Ministra lo ignore, eso ya existe hoy en día. Basta con echar un vistazo al art. 158 del Código Civil que establece, entre otras cosas, que el Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará, en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios, pudiendo adoptarse todas esas medidas dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
Obviamente, la adopción de esas medidas, podrá ser con carácter provisional o incluso definitivo, y siempre a resultas de lo que resulte probado y no porque inicialmente le hayamos colgado a nadie un sambenito que puede no ser cierto.
En el caso de violencia familiar, debemos empezar a tratar las cosas como son, a reconocer, aunque se nos tache de todo menos de guapos, de la existencia de personas y profesionales que retuercen los procedimientos hasta hacerlos sangrar, interponiendo denuncias claras y no tan claras, sobre hechos que denuncian violencia que, en ocasiones, no son como me nos cuentan.
Añadir más madera, gratuita e injustificada, como es anunciar que sin una Sentencia firme se podrá privar de la custodia a un señor acusado de maltrato es servir más munición a los canallas que manipulan los procedimientos de ruptura familiar.
Alguien debería valorar cual es el mal que se causa a un menor al que se priva de la posibilidad de estar en la compañía de su padre, denunciado por violencia, que tras un proceso que puede durar meses, incluso algún que otro año, penoso y costoso, quede absuelto de esa acusación.
¿Alguien le explicará a ese menor que se le privó de estar o ver a su padre pensando en su bien? ¿Alguien le devolverá la confianza en quienes le han mentido? ¿Alguien le pedirá disculpas? Ya les digo yo que nadie, simplemente cerraremos las carpetas y a otra cosa mariposa. Así es la política, la justicia y la sociedad en la que vivimos. Un asco vamos.
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