martes, 6 de julio de 2010

LEYES MUTANTES-SOCIEDAD ALUCINANTE


Desde siempre he escuchado que la sociedad va por delante de las leyes. Es cierto. Un cambio social relevante, unas costumbres y usos nuevos no generan de inmediato un cambio legislativo. Por lo general, éste no llega hasta que ha transcurrido cierto tiempo y normalmente por  la inoperancia de la normativa vigente. 
La sociedad reclama leyes que realmente ordenen, regulen, sancionen, etc., las nuevas realidades sociales. Eso está muy bien pero llega normalmente tarde y con frecuencia se olvida que la norma debe estar al servicio de la sociedad y no al revés.
A la vista de la actividad legislativa de este país, las continúas reformas, adaptaciones, modificaciones, revisiones, etc., de la normativa estatal, autonómica y local, puedo afirmar que algo no se está haciendo bien en este ámbito. 
Las leyes, por la trascendencia que tienen, deben nacer con una cierta vocación de permanencia. El ciudadano tiene que poder conocer exactamente qué es lo que le vincula, le obliga o le beneficia. No olvidemos que la ignoracia de la norma no exime de su cumplimiento (vamos, que no podemos alegar en nuestra defensa que hicimos o dejamos de hacer esto o aquello porque no  lo sabíamos), por tanto, que menos que no se maree al ciudadano con continuas variaciones legales.
El cambio continuado de las normas, las reformas sin fin de textos legales tan importantes como puede ser el Código Penal (el actual data de 1995 y ha sufrido no menos de 20 modificaciones), el Código Civil (Aprobado por R.D. del 24 de julio de 1.889, que ha sufrido bastantes más, cuando lo que debería es aprobar uno nuevo), lo mismo que la ley de Enjuiciamiento Civil, Criminal, etc., sólo nos lleva a la inseguridad jurídica y al disloque legal.
No estoy diciendo que no sea necesario modificar y reformar las leyes que nos competen, sino todo lo contrario. Afirmo que es necesario que las reformas de normas sustanciales, como las indicadas, se hagan bajo el prisma de la operatividad y de la eficacia, no al tun-tun. Lo anterior  requiere que nuestros legisladores tengan, precisamente, capacidad legislativa y técnica. Mucha técnica y mucho sentido común.
Es evidente que el fondo de una norma, su sustancia, está condicionado por diversos aspectos: el primero, el momento político por el que atraviesa un Estado y, por tanto, el color que conforma la cámara legislativa del país en el momento que aquella  norma se aprueba, pero también está condicionado por la tendencia que conforman los miembros de los Tribunales encargados de su interpretación. Ahí es nada.
Sin embargo y pese a que lo anterior es inevitable, no es lo deseable. Las normas tienen que servir para dar cabida a intereses sociales generales y a los de los particulares desde criterios de sana justicia. Eso es lo que importa. Pero como en este país se legisla perdiendo de vista que se hace para sus ciudadanos y lo que importa es que prime uno u otro color, es por lo que contamos con una legislación de dudosa calidad técnica, calidad de fondo y por tanto de eficacia para sus ciudadanos.
Cuando primamos los intereses de determinados grupos por encima del colectivo, cuando se legisla a golpe de prensa y de proximidad de nuevas elecciones, por decir algo, es cuando se cuecen churros incongruentes como los que tenemos que, por desgracia, empujan a tener que realizar profundas modificaciones cada pocos meses.
En definitiva, un baile de leyes. Debido a ello, cabe que un ciudadano cometa una infracción hoy y que cuando definitivamente sea sancionada, conforme a la legislación aplicable al momento de los hechos (salvo efectos retroactivos de la norma), descubra que en el ínterin se han sucedido un buen número de reformas a cual más alucinante. Un caos.
Para ir abriendo boca les anuncio (para lo que no lo sepan) que estos días estamos padeciendo los rigores de la entrada en vigor de una profunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (año 2000) y de la oficina judicial y que, para mayor espanto, ya se ha publicado en el BOE una nueva y profunda reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo mes de diciembre. Ahí es nada, una vez más.
La falta de cualificación de nuestros legisladores es evidente, por no decir que es churrera. Si la cosa sigue así,con estos churros de normas, en dos días la sociedad terminará invocando, para defender sus intereses legales, a los principios generales de la wikipedia y a San Google, que todo lo saben.
Puro desastre.